ENTRE LA JUSTICIA Y LA GRACIA. LA COMPLEJIDAD DE JUZGAR
Reseña del libro "ENTRE LA JUSTICIA Y LA GRACIA. LA COMPLEJIDAD DE JUZGAR"
La ley es el medio para que la sociedad pueda convivir, y la justicia, se coloca como el fin del Estado, Cuyo objeto, es garantizar, proteger y/o reparar los derechos de las personas; entre ambas instituciones legitiman la existencia y la validez del Estado. De esta forma, se puede observar la construcción y la planeación de un modelo social, económico y político, cuando se diseñan y elaboran las normas estatales. El presente texto expone y analiza diversos temas en materia jurisdiccional, que tienen repercusión en la impartición de justicia. Por lo que se propone estudiar cada apartado de forma individual, pero considerarla en conjunto en su objetivo. Se trata de crear una visión crítica a temas de la esfera pública de los operadores jurídico. La metodología que se utilizará será la separación de cada tema. En el capítulo de obertura, se presenta uno de los mecanismos para impartir justicia, el jurado. Esta representación popular es responsable de observar, escuchar y decidir en asuntos judiciales. Su objetivo es personificar a la sociedad, escuchar las audiencias, valorar las pruebas y con ello, producir un fallo en que se determine la culpabilidad o inocencia del justiciable1 . Sin embargo, la forma en cómo llegan a esas determinaciones puede generar conflictos, pues ellos al ser ciudadanos comunes desconocen factores técnicos o profesionales sobre ciertas materias, y el factor subjetivo son elementos que han cuestionado la idoneidad de este órgano colegiado. Sin embargo, su arraigo social y su incorporación en las estructuras judiciales ha permitido su continuidad temporal2 . Este trabajo presentará de forma breve la naturaleza, organización y la manera en cómo el jurado valora las pruebas presentadas en un juicio, para posteriormente analizar la libre valoración como instrumento jurisdiccional, a partir de la experiencia del jurado en los Estados Unidos de América. En el capítulo segundo, se examina el debido proceso como un derecho fundamental de los justiciables, compuesto por diversos principios que en su conjunto integran al mismo. Su contenido entonces no es independiente, sino más bien que su naturaleza es intrínseca al desarrollo y respeto de cada uno de los principios que lo conforman. También, el debido proceso se ha visto como un principio normativo que resulta de la ejecución de las leyes y derechos establecidos previamente, en que se advierte y señala como debe ser la conducta funcional de la autoridad pública. Asimismo, el principio del debido proceso es un test de control realizado por la jurisdicción, en que se analiza y comprueba si se ha cumplido y respetado los derechos de las personas; pudiendo confirmar la labor de la autoridad, revocando el acto por violar total o parcialmente las funciones asignadas en la ley, y/o modificando el entuerto, provocado por la acción u omisión de la autoridad. Otra arista del debido proceso es la calificación y verificación de los actos públicos, según lo estipula la norma. Esta operación procesal es fundamental para imponer un parámetro de conducta, control y actuación a las autoridades, y para que se examine y pondere el comportamiento del servidor con lo que establece la normatividad, y establecer si actúo conforme a la norma, o sea, analizar y decidir si se llevó un debido proceso. Por lo que el debido proceso se convierte en un tema de análisis y control jurisdiccional o administrativo, sobre lo realizado por la autoridad.
